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"¿Cuál fue la resolución emitida por el Subsecretario Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto a la Asociación de Conservación Vial “El Cabo” en marzo de 2018?",
"El accionante Fernando Francisco Sandoya Sánchez invocó en su demanda los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica, fundamentándose en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a la seguridad jurídica, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la interpretó como una suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad. La Sala citó al Dr. Jorge Zavala Egas para destacar que la seguridad jurídica se manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, y su faceta subjetiva como certeza del derecho, reflejada en la conducta de los sujetos. Se enfatizó que la seguridad jurídica implica la obligación de las autoridades de sujetarse a la Constitución y la ley, y que su vulneración ocurre cuando una resolución administrativa se emite fuera del término legal establecido, como ocurrió en el caso de la ESPOL al superar los 90 días para la sanción disciplinaria.",
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión interpuesto por María del Rocío Chávez Ávila en el amparo directo en revisión 8667/2019 porque el asunto no cumplía con el segundo requisito de procedencia, es decir, carecía de importancia y trascendencia. La Corte determinó que su resolución no permitiría fijar un criterio novedoso ni de relevancia para el ordenamiento jurídico nacional, y que la sentencia recurrida no desconocía ni omitía criterios emitidos por la propia Corte sobre cuestiones propiamente constitucionales. Específicamente, la Sala consideró que la interpretación del artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la protección del salario mínimo, ya ha sido establecida por la Corte en diversos asuntos, concluyendo que dicha prerrogativa opera únicamente para los trabajadores que obtienen el salario mínimo, no para aquellos que perciben un monto superior. Por lo tanto, el planteamiento de constitucionalidad subsistente carecía de la trascendencia necesaria para la procedencia del recurso.",
"Mediante la Resolución No. 001-MTOP-SUBZ6-DPJ-18, emitida el 26 de marzo de 2018, el Subsecretario Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprobó la disolución y liquidación voluntaria de la personalidad jurídica de la Asociación de Conservación Vial “El Cabo”. Esta asociación tenía su domicilio en la Parroquia El Cabo, Cantón Paute, Provincia del Azuay. La resolución se basó en la solicitud presentada por el presidente de la asociación y en el informe favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica Zonal del MTOP. La aprobación de la disolución y liquidación surte efectos jurídicos y se rige por las disposiciones del Código Civil, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y demás normativa aplicable."
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